Los hechos recientes y los inminentes alrededor del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP configuran un ambiente de gran esperanza, alegría e indudable crecimiento político en Colombia.
Los hechos
Los enumeramos de forma breve. En primer lugar, de seis puntos que componen la agenda de negociación entre el Gobierno y las FARC ya se han firmado cinco[1]. El más reciente[2] es de capital importancia pues significa el fin de un conflicto que ha durado ya 60 años, entre el estado y la guerrilla más fuerte del país, que ha dejado millones de víctimas[3]. Este acuerdo comporta varios elementos muy importantes, a saber: “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas”. Hablar de cese de “hostilidades” significa que las FARC no harán más extorsiones económicas como las que llevan a cabo contra vastos sectores de la población (comerciantes, ganaderos, transportadores etc.); ni secuestros (a los cuales renunciaron hace ya más de un año), ni estarán comprometidos en narcotráfico o cultivos ilícitos[4]. Y además se comprometen a dejar las armas, las cuales serán entregadas a una delegación internacional presidida por las NN UU y en un plazo de 180 días a partir de la firma del acuerdo total[5] y definitivo alrededor de todos los puntos de la agenda. Este acuerdo final[6]se considera inminente, muy posiblemente en el mes de agosto de 2016 y luego de más de 4 años de negociaciones. Es de resaltar que dicho acuerdo ha sido confirmado por los hechos, puesto que las FARC han cesado sus ataques desde hace ya varios meses, de tal manera que en la actualidad son más los muertos a causa del paramilitarismo y el ELN (la segunda guerrilla en importancia) que a causa de las farc. Así mismo y de manera ejemplar, viene dándose un respeto de importantes sectores del ejército al acuerdo firmado, hasta el punto que de manera convivial ejército y guerrilla intercambian comunicaciones con el fin de no encontrarse y evitar así confrontaciones.
El segundo elemento del acuerdo, que a nuestro modo de ver es el decisivo, consiste en el “Acuerdo sobre ‘Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”[7]. Este acuerdo es crucial y de él depende el éxito del proceso de paz, puesto que el paramilitarismo es y ha sido el enemigo número uno de la paz y la justicia en el país. Los paramilitares han sido autores de alrededor de 1.300 masacres, contra cerca de 300 de la guerrilla; y han sido autores del asesinato constante de defensores de derechos humanos, y de todo tipo de líderes y lideresas sociales y comunitarias en el país. Al mismo tiempo, al paramilitarismo se debe la gran mayoría de los hechos de robos de tierras y de desplazamiento de poblaciones que alcanzan la asombrosa cifra de cerca de 8 millones de víctimas, uno de cada 6 colombianos en promedio. Los sectores paramilitares que continúan teniendo mucha presencia en diversas zonas del país reciben apoyo político de las fuerzas de extrema derecha comandadas por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez[8].
La insustituible voz del pueblo
En tercer lugar el acuerdo del 23 de junio se dio también sobre el mecanismo de refrendación popular de todo el proceso de paz. Esta refrendación, según decisión reciente de la Corte Constitucional, se dará bajo la forma de un plebiscito, el cual comportará una sola pregunta relativa a la aceptación o no, por parte de los electores, de todos los acuerdos firmados. Las encuestas que desde ya vienen dándose muestran un triunfo, en algunos casos arrollador, del SI a los acuerdos de Paz. Es de resaltar que la decisión de la corte constitucional obliga naturalmente a publicar en toda su integridad los acuerdos y a hacer una pedagogía sobre los mismos por lo menos un mes antes de la fecha del plebiscito. Sin embargo –y este es un hecho que muestra el crecimiento político que viene dándose en Colombia- dichos acuerdos vienen siendo difundidos de manera creativa y explicativa, por múltiples sectores que apoyan el proceso de paz[9], así como por parte de la oficina del alto comisionado para la paz y otras instancias oficiales. En dicha difusión y pedagogía se percibe claramente la alegría, decisión mayoritaria e interés de amplios sectores en comprometerse en el proceso de construcción de la paz y de transformación de las costumbres políticas que se desencadenará inmediatamente después de la firma del acuerdo final,[10] y en el desarrollo de una fase denominada “de Transición” cuya duración será mínimo de 10 años. Todo parece indicar pues que no solo se firmará definitiva y prontamente la paz con las farc, sino que ello desencadenará un gigantesco y positivo proceso social que apuntará a una transformación de las condiciones de injusticia, violencia y exclusión en las que ha transcurrido nuestra historia. A ello debe agregarse que vastos sectores de la sociedad civil vienen presionando a la guerrilla del ELN para que entre en conversaciones de paz con el gobierno, de manera seria y definitiva lo más pronto posible.
No menos importante es el hecho de que todos los acuerdos con las FARC-EP serán monitoreados por “un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)[11].El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.”
Finalmente, un mes más tarde, el 24 de julio, se dio a conocer otro acuerdo trascendental e inédito en otros procesos de paz en el mundo. Se trata de la inclusión de la “perspectiva de género” o de la voz e intereses específicos de las mujeres y de sus organizaciones en el conjunto de todos los acuerdos. En virtud de esta inclusión los delitos sexuales, los feminicidios y tantas formas de horror y violencia a las que han sido sometidas decenas de miles de mujeres colombianas y que han gozado de total impunidad serán objeto de duro tratamiento jurídico. Así mismo las mujeres podrán ser objeto directo de créditos económicos, ser titulares de tierras y otros muchos derechos que constituyen un gran paso adelante en una sociedad caracterizada por el machismo y en la cual la voz de las mujeres y sus organizaciones es minimizada. Este acuerdo constituye una razón primordial para apoyar el proceso de paz y para que el SI al proceso de paz triunfe en el plebiscito.
Ganar la paz en Colombia, causa universal
Es de la mayor importancia para el país y para el éxito del proceso que la comunidad internacional de manera unánime, desde el Papa Francisco, hasta el concejo de seguridad de las NNUU, los EEUU, la Unión Europea, y gran cantidad de países e instancias internacionales apoyen, como lo vienen haciendo, el proceso de paz en todas sus fases. Este hecho implica un beneficio y un ejemplo a nivel mundial.
En conclusión, Colombia está viviendo el proceso más importante de su historia. El camino no será fácil y los enemigos de la paz no dejarán de poner dolorosos obstáculos, pero en medio de las pruebas la paz, la verdad, la justicia, la reconciliación y la libertad se abren paso.
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[1] Para conocer la agenda de negociación y otros aspectos del contexto colombiano y el proceso de paz, el lector puede remitirse a mis artículos en OBSUR especialmente en los Nos. 20 y 21.
[2] Firmado el 23 de junio.
[3] Las “víctimas registradas” son 8.092.394: de estas, “víctimas del conflicto armado” son 7.809.143, y “víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención” son 1.591.271.
[4] En el acuerdo 4 sobre “solución al problema de drogas ilícitas”, las farc se comprometen a contribuir a combatir el narcotráfico y ya se puso en marcha el primer programa de sustitución de cultivos ilícitos por la vía de proyectos económicos alternativos, en el municipio de Briceño (Antioquia).
[5] Las FARC-EP también contribuirán a “la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG)”.
[6] Este acuerdo final sella todo el proceso pues también “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
[7] En el acuerdo se establecen 23 Zonas y 8 Campamentos de carácter temporal y transitorio, en los cuales se concentrará la guerrilla y se dará “el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP”. “Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad.” El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas.”
[8] El uribismo se ha caracterizado por su violencia y por el alto de grado de corrupción. Su “coherente” defensa de todos los corruptos se ha confirmado recientemente con el caso de un magistrado, quien no solo ha recibido cuantiosos sobornos a cambio de fallos jurídicos, sino que se ha apropiado de tierras que fueron robadas a pobres campesinos de la costa atlántica. Los uribistas en el congreso han logrado hasta hoy que no se juzgue a este magistrado pesar de que el propio Presidente ha pedido su dimisión.
[9] Este rico proceso de crecimiento político está acompañado de lo que el padre Francisco de Roux S.J. , -quien ha hecho aportes sustanciales al proceso-, define como la “metanoia” de las farc, esto es, el cambio profundo en la forma de pensar de esta guerrilla que ha entendido que la violencia no es de ninguna manera vía de solución a los problemas sociales y/o políticos.
[10] Especialmente el punto 2 de la agenda referido a la Participación política, significará una “ampliación de la democracia colombiana” y entre otros aspectos (reforma del corrupto régimen electoral, participación de nuevas fuerzas políticas alternativas y entre ellas de la fuerza política en la que se convertirán las farc, sin riesgo de ser asesinados), la puesta en marcha de un Estatuto de la oposición sobre lo cual ya vienen trabajando diferentes fuerzas políticas. Este estatuto fue una decisión incorporada en la Constitución Política que nos rige y de la cual celebramos recientemente sus 25 años de promulgación… En Colombia “todo nos llega tarde, hasta la muerte” como bien decía uno de nuestros más célebres poetas, Julio Flórez.
[11] Las últimas informaciones hablan de 500 delegados internacionales, de diversos países incluido Cuba, para llevar a cabo esta tarea.