CONSEJO NACIONAL DE IGLESIAS CRISTIANAS DE BRASIL. Declaración en favor de la democracia y del estado de derecho

En las últimas dos semanas, hemos acompañado acontecimientos políticos que suscitan profundas reflexiones sobre el momento actual de Brasil. Valoramos positivamente que las personas acompañen y tomen posición sobre los diferentes hechos y posibilidades que afectan la política y la economía del país. Igualmente importantes son la inconformidad y la no aceptación de la corrupción. Asumimos que todas las acciones de corrupción, independientemente, de quien las practica, sean investigadas, y sus autores responsabilizados.

 

Sin embargo, nos sorprende la parcialidad presente en los procesos que investigan casos de corrupción. Observamos con gran preocupación el proceso de judicialización de la política y el riesgo claro que este proceso representa para la democracia brasileña. Se percibe que para ciertos juicios, no se ha observado el amplio derecho a la defensa y a la imparcialidad del enjuiciamiento -sino todo lo contrario- garantidos por la Constitución. Es necesario que sean respetados los principios de inocencia y apartados los riesgos de juicios sumarios. Pero en vez de eso, lo que hemos visto son órdenes judiciales con acciones represivas absolutamente ajenas a nuestra Constitución.

 

Las polarizaciones, coerciones y el uso abusivo del poder no condicen con la práctica de la justicia. Un país democrático como Brasil necesita garantizar espacios seguros de diálogo, debate de ideas y proyectos sin que los adversarios políticos sean considerados enemigos y sean aniquilados a cualquier precio.

 

Por apoyar y creer en la democracia, reivindicamos el respeto a los resultados electorales del 2014. Sin embargo, eso no significa no debatir el Brasil que tenemos y que queremos. Es necesario que superemos la distancia que separa lo que somos de lo que esperábamos ser. El recrudecimiento de los aparatos represivos del Estado está reescribiendo una historia que no quisiéramos ver repetirse en el país. La reciente Ley de Antiterrorismo es el ejemplo más claro de este fenómeno. La justicia no debe ser distorsionada ni debe ser usada para hacer prevalecer los intereses de los fuertes (Hechos 1, 4)

 

Los movimientos sociales llaman la atención y se movilizan para que la democracia se profundice por medio de la distribución de la renta y de las riquezas, ampliación de los derechos, saneamiento básico, fuentes renovables de energía, garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras, democratización de los medios de comunicación y de la seguridad pública eficaz y ciudadana. Esas son agendas esenciales para encaminar en los espacios representativos de la política brasileña. Intereses privados y caprichos políticos no deben colocarse por encima del bien colectivo y de las tareas urgentes para la superación de la crisis económica y social.

 

Exhortamos al pueblo brasileño, ante la polarización estimulada por los medios de comunicación parciales y tendenciosos, que exprese pacíficamente su opinión y posición sobre el momento político que vivimos y evite el incentivo de la práctica de cualquier tipo de violencia e ilegalidad. Necesitamos, ante todo, preservar nuestra joven democracia, el Estado de Derecho y las conquistas sociales que la sociedad brasileña alcanzó en los últimos años.

 

Brasilia, 11 de marzo de 2016